FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA
Ante la urgente necesidad de ganar juicios positivos de la opinión pública antes de que se cumplan los primeros 100 días de gobierno, la administración de Eduardo Rivera Pérez está permitiendo el deterioro de servicios y de obras públicas que se hicieron en el trienio pasado; además ha impedido que se apliquen las fianzas que por ley las empresas constructoras están obligadas a aplicar para reparar daños de trabajos que registren daños o fallas. Todo ello, es con el propósito de golpear la imagen de la ex edil de la capital, Blanca Alcalá Ruiz, quien sigue teniendo un alto índice de aceptación ciudadana.
Esa misma situación se observa con el tema de la Laguna de Chapulco. Resulta que a finales de este mes, en Roma, la capital italiana, un programa de la Organización de Naciones Unidas entregará un reconocimiento al rescate que en el pasado periodo gubernamental se hizo de ese cuerpo de agua, al ser considerado un modelo adecuado de convivencia urbana y preservación ecológica. Frente a ese hecho, la reacción del ayuntamiento ha sido la de cuestionar el proyecto y sostener que se podría inundar en la presente temporada de lluvias.
Dicho comportamiento es una muestra de que la comparación del actual gobierno de la capital con el anterior, está empezando a ser una carga pesada para Eduardo Rivera, quien hasta ahora no puede ofrecer un programa consistente de obras públicas y mejoramiento de servicios públicos. Por eso la opción que está tomando el ayuntamiento panista es intentar dañar la imagen de su antecesora.
El último sondeo telefónico que levantó La Jornada de Oriente, los días 11 y 12 de febrero de este año, es decir en fechas previas al fin del gobierno de Blanca Alcalá, el resultado arrojaba que siete de cada 10 ciudadanos calificaban aceptable la gestión de la ex edil. Y resulta, que ahora –de acuerdo a estudios ajenos a este diario– Rivera tiene el mismo índice de aceptación ciudadana de 7 puntos, que expresa que podría ser un buen alcalde. Solamente que hay una diferencia fundamental:
Alcalá ya sufrió un desgaste de poder y Rivera apenas lo va a sufrir. Ante ese escenario, el actual gobierno panista siente la necesidad de buscar devaluar la opinión favorable que todavía tiene la ex edil.
Y como parte de esa estrategia, a principios de esta semana, los secretarios de Obras y de Medio Ambiente, Felipe Velásquez Gutiérrez y Alejandro Fabre Bandini, respectivamente, han desplegado una serie de cuestionamientos contra la remodelación que se hizo del Paseo Bravo y el rescate de Chapulco –en la gestión de Blanca Alcalá–, al indicar que hubo errores y omisiones que podrían generar un daño al erario por 3 millones de pesos.
Lo que no dicen esos funcionarios, es que son verdades a medias y que se están utilizando para crear un golpeteo mediático. Para sustentar tal idea, es necesario analizar los siguientes datos:
1. En el caso del Paseo Bravo efectivamente se han detectado una serie de fallas y omisiones de la empresa que se hizo cargo de los trabajos de remodelación, que se emprendieron en el último año de gestión de Alcalá Ruiz. Pero resulta que la compañía responsable en un par de ocasiones ha intentado hacer las reparaciones pertinentes, mediante la aplicación de fianzas, y el actual gobierno municipal no lo ha permitido.
2. Desde el trienio anterior surgió la duda de que se habían hecho mal algunos cálculos en el proyecto de Chapulco que podrían generar una acumulación excesiva de de agua en la temporada de lluvias.
Lo que no se dice de parte de los actuales funcionarios es que el proyecto se elaboró bajo la normatividad y estricta supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que es una instancia que pertenece al gobierno federal, de extracción panista, al igual que el ayuntamiento de la capital.
Por tanto, si en Chapulco llega a haber una inundación, la responsabilidad debe correr contra la Conagua. Sin embargo, se sabe que hasta ahora no se tiene ninguna certeza de que vaya a desbordarse ese cuerpo de agua, por lo cual resulta mal intencionado decir que eso puede ocurrir.
3. En el jardín del Carmen, el cual fue remodelado por el anterior ayuntamiento, desde que inició el actual trienio se dejó de llenar la fuente central, lo cual provocó que se acabaran robando la tubería del sistema de irrigación y que ahora ese lugar se haya convertido en dormitorio de menesterosos. La Comuna no ha hecho nada para remediar ese problema.
4. En caso de que fueran reales las anomalías del gobierno de Blanca Alcalá, no corresponde a la gestión de Eduardo Rivera ventilar el tema ante la opinión pública, sino lo procedente es que el Órgano Superior de Fiscalización tome nota, investigue y sancione en caso de existir actos de negligencia o malversación de fondos públicos.
La intención de las acusaciones contra Blanca Alcalá obedece a la necesidad de Eduardo Rivera de desviar la atención de la opinión pública contra su gobierno, el cual simplemente parece que no puede caminar de acuerdo a los ofrecimientos que hizo en la campaña electoral.
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