■Por incumplimiento de contrato durante su administración del rastro municipal
ANGÉLICA PATIÑO GUEVARA
A pesar de que han pasado casi tres meses de que la administración del rastro municipal regresara a manos del Ayuntamiento de Puebla por incumplimiento de contrato, dentro de la concesión, la empresa Ingeniería y Tecnología de Oriente (ITO), deberá pagar 65 millones de pesos por daño patrimonial.
Incluso, en caso de ser necesario, se deberá llegar al embargo de bienes si la empresa insiste en negarse a pagar el monto señalado tras la auditoría realizada.
En entrevista, el secretario general, César Pérez López, informó que tras el estudio se confirmó que hubo daño patrimonial en contra del municipio, por lo que después de la revisión administrativa y contable que ha culminado, se determinó proceder.
“Tendremos que recurrir a la contratación de un especialista en arbitraje, para constatar que la empresa adeuda esta cifra al municipio, tras no poder comprobar documentalmente su posición, en cuanto a la inversión realizada durante el periodo que estuvo al frente de la extinta concesión”, informó.
Pérez López sentenció que esta decisión, se tomó luego de que ITO no pudo comprobar la inversión que presumía, por lo que se determinó hacer uso de un arbitraje, por parte de un especialista, para obligar a la empresa a pagar la deuda.
Señaló que será a más tardar en una semana, cuando inicie el procedimiento legal, el cual tendrá como finalidad, que sea un arbitraje el que dé la razón al ayuntamiento o en su caso, a la empresa.
Pérez López aseveró que la empresa tendrá que demostrar las inversiones y gastos durante el tiempo que tuvo la concesión, sin embargo, debido a que la documentación que ha presentado la empresa durante el proceso de entrega-recepción, es prácticamente imposible que logre salvarse del pago establecido durante la revisión.
Indicó que el árbitro calificado se asesorará de técnicos especialistas para emitir una resolución al respecto, para proceder a su ejecución de manera inmediata y que ITO devuelva la inversión perdida al municipio.
Se podría llegar al embargo
Por su parte, el asesor jurídico de la presidencia municipal, Ernesto Ramírez, advirtió que, incluso, en caso de ser necesario, se podría llegar al embargo de bienes de ITO así como a la intervención de cuentas bancarias para garantizar el pago por 65 millones de pesos.
Lo anterior, en caso de que el juez, en su sentencia, le otorgue la razón al ayuntamiento y la empresa sea obligada a resarcir el daño.
El funcionario municipal manifestó que el proceso de embargo es la última opción a la que el municipio pretende llegar, ya que únicamente se busca que se cumpla con la ley.
Aseveró que en materia legal, se iniciará con una interpelación, mecanismo en el que la administración municipal fija su postura legal, para proceder a una indemnización.
De acuerdo al convenio firmado con ITO, el ayuntamiento de Puebla considerará el monto de la recaudación total percibida en el ejercicio 2007, incrementada con la inflación acumulada en Puebla el mismo año, así como la parte proporcional del tiempo en que inició la operación de ITO hasta el 31 de diciembre de 2008, indexándose la inflación.
Van por una segunda concesión
Asimismo, se confirmó que antes de terminar esta administración, el rastro municipal podría ser concesionado por segunda ocasión.
Esto debido a que ya existen empresas interesadas en invertir en Puebla, luego de que se diera a conocer que volvió a manos del municipio.
Al respecto, César Pérez López confirmó que la semana pasada se tuvo un primer acercamiento con una empresa conformada por inversionistas alemanes, que se han acercado a realizar una propuesta al ayuntamiento para operar el rastro municipal y convertirlo en Tipo Inspección Federal (TIF).
El funcionario municipal aceptó que se está en proceso de análisis de ofertas, si cubren los requisitos y dan garantías reales a los proyectos, todo ello para poder tomar una decisión.
Destacó que una empresa, que cuenta con inversionistas alemanes, es la que ha mostrado más interés para invertir en el rastro, por lo que ya han existido acercamientos con los regidores del cabildo para escuchar las propuestas y tomar una determinación.
Sin embargo, la empresa alemana no es la única interesada en invertir, ya que también hay una oferta más de otra empresa mexicana con experiencia en rastros TIF, que también presentará la próxima semana una propuesta que será valorada por las autoridades municipales.
Sin embargo, recalcó que el ayuntamiento de Puebla tiene la capacidad de mantener en buen funcionamiento el servicio de la matanza de ganados, para lo cual, se han establecido estrategias para garantizar a los ciudadanos un servicio con higiene, efectivo y de seguridad para los consumidores.
No a la concesión: PRD
Al respecto, el regidor perredista, Jaime Cid Monjaráz, se pronunció en contra de este segundo intento de concesión, al asegurar que el municipio cuenta con la suficiente capacidad para mantenerlo y convertirlo en TIF.
Incluso, el perredista manifestó que deberían dejar en manos de la siguiente administración, la decisión de concesionar o no, ya que no representa una buena opción.
“Tendremos que recurrir a la contratación de un especialista en arbitraje, para constatar que la empresa adeuda esta cifra al municipio, tras no poder comprobar documentalmente su posición, en cuanto a la inversión realizada durante el periodo que estuvo al frente de la extinta concesión”, informó
ANGÉLICA PATIÑO GUEVARA
A pesar de que han pasado casi tres meses de que la administración del rastro municipal regresara a manos del Ayuntamiento de Puebla por incumplimiento de contrato, dentro de la concesión, la empresa Ingeniería y Tecnología de Oriente (ITO), deberá pagar 65 millones de pesos por daño patrimonial.
Incluso, en caso de ser necesario, se deberá llegar al embargo de bienes si la empresa insiste en negarse a pagar el monto señalado tras la auditoría realizada.
En entrevista, el secretario general, César Pérez López, informó que tras el estudio se confirmó que hubo daño patrimonial en contra del municipio, por lo que después de la revisión administrativa y contable que ha culminado, se determinó proceder.
“Tendremos que recurrir a la contratación de un especialista en arbitraje, para constatar que la empresa adeuda esta cifra al municipio, tras no poder comprobar documentalmente su posición, en cuanto a la inversión realizada durante el periodo que estuvo al frente de la extinta concesión”, informó.
Pérez López sentenció que esta decisión, se tomó luego de que ITO no pudo comprobar la inversión que presumía, por lo que se determinó hacer uso de un arbitraje, por parte de un especialista, para obligar a la empresa a pagar la deuda.
Señaló que será a más tardar en una semana, cuando inicie el procedimiento legal, el cual tendrá como finalidad, que sea un arbitraje el que dé la razón al ayuntamiento o en su caso, a la empresa.
Pérez López aseveró que la empresa tendrá que demostrar las inversiones y gastos durante el tiempo que tuvo la concesión, sin embargo, debido a que la documentación que ha presentado la empresa durante el proceso de entrega-recepción, es prácticamente imposible que logre salvarse del pago establecido durante la revisión.
Indicó que el árbitro calificado se asesorará de técnicos especialistas para emitir una resolución al respecto, para proceder a su ejecución de manera inmediata y que ITO devuelva la inversión perdida al municipio.
Se podría llegar al embargo
Por su parte, el asesor jurídico de la presidencia municipal, Ernesto Ramírez, advirtió que, incluso, en caso de ser necesario, se podría llegar al embargo de bienes de ITO así como a la intervención de cuentas bancarias para garantizar el pago por 65 millones de pesos.
Lo anterior, en caso de que el juez, en su sentencia, le otorgue la razón al ayuntamiento y la empresa sea obligada a resarcir el daño.
El funcionario municipal manifestó que el proceso de embargo es la última opción a la que el municipio pretende llegar, ya que únicamente se busca que se cumpla con la ley.
Aseveró que en materia legal, se iniciará con una interpelación, mecanismo en el que la administración municipal fija su postura legal, para proceder a una indemnización.
De acuerdo al convenio firmado con ITO, el ayuntamiento de Puebla considerará el monto de la recaudación total percibida en el ejercicio 2007, incrementada con la inflación acumulada en Puebla el mismo año, así como la parte proporcional del tiempo en que inició la operación de ITO hasta el 31 de diciembre de 2008, indexándose la inflación.
Van por una segunda concesión
Asimismo, se confirmó que antes de terminar esta administración, el rastro municipal podría ser concesionado por segunda ocasión.
Esto debido a que ya existen empresas interesadas en invertir en Puebla, luego de que se diera a conocer que volvió a manos del municipio.
Al respecto, César Pérez López confirmó que la semana pasada se tuvo un primer acercamiento con una empresa conformada por inversionistas alemanes, que se han acercado a realizar una propuesta al ayuntamiento para operar el rastro municipal y convertirlo en Tipo Inspección Federal (TIF).
El funcionario municipal aceptó que se está en proceso de análisis de ofertas, si cubren los requisitos y dan garantías reales a los proyectos, todo ello para poder tomar una decisión.
Destacó que una empresa, que cuenta con inversionistas alemanes, es la que ha mostrado más interés para invertir en el rastro, por lo que ya han existido acercamientos con los regidores del cabildo para escuchar las propuestas y tomar una determinación.
Sin embargo, la empresa alemana no es la única interesada en invertir, ya que también hay una oferta más de otra empresa mexicana con experiencia en rastros TIF, que también presentará la próxima semana una propuesta que será valorada por las autoridades municipales.
Sin embargo, recalcó que el ayuntamiento de Puebla tiene la capacidad de mantener en buen funcionamiento el servicio de la matanza de ganados, para lo cual, se han establecido estrategias para garantizar a los ciudadanos un servicio con higiene, efectivo y de seguridad para los consumidores.
No a la concesión: PRD
Al respecto, el regidor perredista, Jaime Cid Monjaráz, se pronunció en contra de este segundo intento de concesión, al asegurar que el municipio cuenta con la suficiente capacidad para mantenerlo y convertirlo en TIF.
Incluso, el perredista manifestó que deberían dejar en manos de la siguiente administración, la decisión de concesionar o no, ya que no representa una buena opción.
“Tendremos que recurrir a la contratación de un especialista en arbitraje, para constatar que la empresa adeuda esta cifra al municipio, tras no poder comprobar documentalmente su posición, en cuanto a la inversión realizada durante el periodo que estuvo al frente de la extinta concesión”, informó
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