El asalto a la educación pública
Luis Hernández Navarro
Luis Hernández Navarro
La educación pública y los maestros están bajo ataque. Organismos empresariales, sus intelectuales y funcionarios del sector educativo disparan a mansalva contra ellos. La educación se ha vuelto un obstáculo para el avance del país”, dice un periodista. “El magisterio no puede ser una actividad de quienes no pueden destacar en otras actividades”, asegura otro. “Los maestros son corruptos”, afirma uno más. “La mayoría de profesores son burros”, advierte un canal de televisión. “Ya no hacen faltan más maestros”, sentencia una autoridad.
Estas acusaciones son falsas. Buscan crear un entorno favorable hacia la privatización de la educación pública y la expansión de la influencia empresarial en la agenda educativa. Buena parte de quienes las lanzan no conocen a los maestros de carne y hueso ni las escuelas públicas. Quienes hacen estas críticas esconden sus intereses empresariales, presentándose como académicos y ciudadanos preocupados por una educación de calidad.
Las críticas más sofisticadas utilizan como argumento el bajo desempeño escolar evaluado por ENLACE, una prueba en la que la Universidad Nacional Autónoma de México se ha negado a participar porque no considera “que sea el instrumento adecuado para medir y, sobre todo, proponer modificaciones y mejoras al sistema educativo nacional”.
Esta ofensiva ni siquiera es novedosa. En muchos sentidos es una calca de la ensayada en Estados Unidos al calor de la revolución conservadora de Ronald Reagan. Como demostraron David Berlinger y Bruce Biddle en The manufactured crisis: myths, fraud and attack on America’s public school (La crisis fabricada: mitos, fraude y ataque a la escuela pública estadunidense), en ese país se fabricó una crisis de la educación pública similar a la que se quiere provocar en México.
El libro demuestra detalladamente cómo se construyeron los mitos hostiles contra la enseñanza impartida por el Estado y los maestros; el papel que desempeñaron empresarios y funcionarios públicos, y cómo fueron ignoradas, suprimidas y distorsionadas evidencias favorables sobre las escuelas y sus logros.
Artífice de esta campaña es la organización empresarial Mexicanos Primero. Presentada oficialmente ante la opinión pública en abril de 2007 con la misión de promover la educación de calidad, cuenta con enorme ascendencia en círculos gubernamentales. Su presidente es Claudio X. González, también presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, e integrante de los consejos de administración de los Grupos Alfa y Carso, y de Televisa, entre otros consorcios. Participan en su patronato figuras como Emilio Azcárraga, Alejandro Bailleres, Fernando Landeros, Carlos Hank y Carlos Slim Domit.
Por supuesto, la educación pública en nuestro país tiene graves problemas. Pero la solución a ellos no es su privatización ni la competencia entre maestros y escuelas ni, mucho menos, la denigración de los profesores.
Los maestros mexicanos desempeñan su labor en condiciones usualmente difíciles. Por ejemplo, más de 26 mil escuelas de los 223 mil 144 planteles de educación básica existentes no tienen agua. Más de 100 mil instalaciones no cuentan con drenaje. Ochenta por ciento de los inmuebles escolares no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. Según Eduardo Bravo Esqueda, ex responsable del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, los estudiantes acuden a centros en los que “permanecen seis horas diarias en un espacio donde los baños no funcionan, están sucios; donde las lámparas no sirven, donde los pisos están cuarteados, donde viven sometidos a una temperatura de 40 grados centígrados o a inclemencias del tiempo en invierno”.
La campaña contra los trabajadores de la educación ha fabricado una imagen de ellos como flojos, corruptos, abusivos, ignorantes y apáticos. El estereotipo es falso e indigno. Soy testigo directo de ello.
Durante 15 años asistí a reuniones y conferencias magisteriales en todo el país. Visité y me hospedé en las modestas casas de maestros rurales y urbanos democráticos. En la mayoría había pequeñas bibliotecas con libros que habían sido leídos. Encontré a multitud de profesores en cursos de mejoramiento profesional, asistiendo a normales superiores o estudiando carreras universitarias, que seguían con atención la prensa nacional. Invariablemente estaban preocupados por la pobreza de sus alumnos y por lo difícil que era enseñarle a esos “bodoquitos de hambre”, que llegaban al salón de clases con un café en el estómago. Sigo frecuentando a algunos. Su actitud ante el saber y la enseñanza no ha variado.
Desde hace tres años, mil maestros de unos 10 estados de la República se reúnen en la ciudad de México a finales del mes de julio, al terminar el ciclo escolar. Se instalan en el Monumento a la Revolución durante una semana para realizar una escuela de formación. Allí levantan carpas y tiendas de campaña. Comienzan el día a las seis de la mañana haciendo ejercicio, ofreciendo honores a la bandera y celebrando una mística. Asisten a conferencias impartidas por especialistas educativos, participan en mesas de trabajo y en plenarias donde resumen los aprendizajes del día. Rematan con una cena y un acto musical. Se comprometen a llevar a la práctica lo que allí aprenden. Cada uno de los asistentes paga sus gastos.
Al margen de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 10 estados, grupos de entre 200 y 500 mentores efectúan regularmente talleres educativos de dos días de duración. Allí analizan la forma de recuperar las lenguas indígenas, cómo enfocar el estudio de la historia, el español y las matemáticas. Exploran las vías para desarrollar una educación alternativa.
Estos ejemplos no son excepcionales. Hay muchas experiencias similares. En ellas comparten, por ejemplo, cómo enseñan en comunidades donde los niños ven su estancia en la escuela como mera estación de paso hacia su marcha a Estados Unidos, donde serán trabajadores indocumentados. Una materia de la que la SEP parece no preocuparse y que la prueba ENLACE no evalúa en un país en el que cada año emigran alrededor de 450 mil personas.
Estas acusaciones son falsas. Buscan crear un entorno favorable hacia la privatización de la educación pública y la expansión de la influencia empresarial en la agenda educativa. Buena parte de quienes las lanzan no conocen a los maestros de carne y hueso ni las escuelas públicas. Quienes hacen estas críticas esconden sus intereses empresariales, presentándose como académicos y ciudadanos preocupados por una educación de calidad.
Las críticas más sofisticadas utilizan como argumento el bajo desempeño escolar evaluado por ENLACE, una prueba en la que la Universidad Nacional Autónoma de México se ha negado a participar porque no considera “que sea el instrumento adecuado para medir y, sobre todo, proponer modificaciones y mejoras al sistema educativo nacional”.
Esta ofensiva ni siquiera es novedosa. En muchos sentidos es una calca de la ensayada en Estados Unidos al calor de la revolución conservadora de Ronald Reagan. Como demostraron David Berlinger y Bruce Biddle en The manufactured crisis: myths, fraud and attack on America’s public school (La crisis fabricada: mitos, fraude y ataque a la escuela pública estadunidense), en ese país se fabricó una crisis de la educación pública similar a la que se quiere provocar en México.
El libro demuestra detalladamente cómo se construyeron los mitos hostiles contra la enseñanza impartida por el Estado y los maestros; el papel que desempeñaron empresarios y funcionarios públicos, y cómo fueron ignoradas, suprimidas y distorsionadas evidencias favorables sobre las escuelas y sus logros.
Artífice de esta campaña es la organización empresarial Mexicanos Primero. Presentada oficialmente ante la opinión pública en abril de 2007 con la misión de promover la educación de calidad, cuenta con enorme ascendencia en círculos gubernamentales. Su presidente es Claudio X. González, también presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, e integrante de los consejos de administración de los Grupos Alfa y Carso, y de Televisa, entre otros consorcios. Participan en su patronato figuras como Emilio Azcárraga, Alejandro Bailleres, Fernando Landeros, Carlos Hank y Carlos Slim Domit.
Por supuesto, la educación pública en nuestro país tiene graves problemas. Pero la solución a ellos no es su privatización ni la competencia entre maestros y escuelas ni, mucho menos, la denigración de los profesores.
Los maestros mexicanos desempeñan su labor en condiciones usualmente difíciles. Por ejemplo, más de 26 mil escuelas de los 223 mil 144 planteles de educación básica existentes no tienen agua. Más de 100 mil instalaciones no cuentan con drenaje. Ochenta por ciento de los inmuebles escolares no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. Según Eduardo Bravo Esqueda, ex responsable del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, los estudiantes acuden a centros en los que “permanecen seis horas diarias en un espacio donde los baños no funcionan, están sucios; donde las lámparas no sirven, donde los pisos están cuarteados, donde viven sometidos a una temperatura de 40 grados centígrados o a inclemencias del tiempo en invierno”.
La campaña contra los trabajadores de la educación ha fabricado una imagen de ellos como flojos, corruptos, abusivos, ignorantes y apáticos. El estereotipo es falso e indigno. Soy testigo directo de ello.
Durante 15 años asistí a reuniones y conferencias magisteriales en todo el país. Visité y me hospedé en las modestas casas de maestros rurales y urbanos democráticos. En la mayoría había pequeñas bibliotecas con libros que habían sido leídos. Encontré a multitud de profesores en cursos de mejoramiento profesional, asistiendo a normales superiores o estudiando carreras universitarias, que seguían con atención la prensa nacional. Invariablemente estaban preocupados por la pobreza de sus alumnos y por lo difícil que era enseñarle a esos “bodoquitos de hambre”, que llegaban al salón de clases con un café en el estómago. Sigo frecuentando a algunos. Su actitud ante el saber y la enseñanza no ha variado.
Desde hace tres años, mil maestros de unos 10 estados de la República se reúnen en la ciudad de México a finales del mes de julio, al terminar el ciclo escolar. Se instalan en el Monumento a la Revolución durante una semana para realizar una escuela de formación. Allí levantan carpas y tiendas de campaña. Comienzan el día a las seis de la mañana haciendo ejercicio, ofreciendo honores a la bandera y celebrando una mística. Asisten a conferencias impartidas por especialistas educativos, participan en mesas de trabajo y en plenarias donde resumen los aprendizajes del día. Rematan con una cena y un acto musical. Se comprometen a llevar a la práctica lo que allí aprenden. Cada uno de los asistentes paga sus gastos.
Al margen de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 10 estados, grupos de entre 200 y 500 mentores efectúan regularmente talleres educativos de dos días de duración. Allí analizan la forma de recuperar las lenguas indígenas, cómo enfocar el estudio de la historia, el español y las matemáticas. Exploran las vías para desarrollar una educación alternativa.
Estos ejemplos no son excepcionales. Hay muchas experiencias similares. En ellas comparten, por ejemplo, cómo enseñan en comunidades donde los niños ven su estancia en la escuela como mera estación de paso hacia su marcha a Estados Unidos, donde serán trabajadores indocumentados. Una materia de la que la SEP parece no preocuparse y que la prueba ENLACE no evalúa en un país en el que cada año emigran alrededor de 450 mil personas.
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