lunes, 21 de febrero de 2011

Otro palo a la educación pública

Juvenal González González
19/02/11
¿Cómo es que, siendo tan inteligentes los niños, son tan estúpidos la mayor parte de los hombres? Debe ser fruto de la educación.
Alejandro Dumas
Hace un par de semanas se cumplieron 94 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atrás quedaron las pomposas celebraciones y ceremonias en las que se “daba cita la República”. El aniversario pasó con más pena que gloria, como ocurre con todas las otrora “grandes fechas nacionales”. El calendario cívico mexicano se transformó en una agenda de puentes. Cortos y largos.
Nuestra Carta Magna contiene artículos que, a pesar de haber sido mutilados y tergiversados, siguen siendo incómodos para los gobiernos neoliberales y son un obstáculo para la implantación de las “reformas estructurales” exigidas por los organismos financieros internacionales. Sobre todo aquellos que tienen que ver con los recursos naturales, la seguridad social, el trabajo y la educación.
Así tenemos, por ejemplo, que el Artículo 3º establece que el Estado tiene la obligación de garantizar educación preescolar, primaria y secundaria a todos los mexicanos. Ordena, además, que esa educación sea laica y gratuita. Que debe basarse “en los resultados del progreso científico” y luchar “contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Que “atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica”. Y “sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexo o de individuos”.
No se trata de “recomendaciones” sino de obligaciones inexcusables del Estado mexicano. Pero este es el país de las mañas. Aquí todo mundo se las ingenia para violar las leyes, empezando por quienes son responsables de que se cumplan. Como no pueden abolir el Artículo Tercero, los neoliberales se han dedicado a desprestigiar y desmantelar los cimientos de la educación pública para justificar las “bondades” de la educación privada.
Las normales rurales y en general las normales públicas, encargadas de formar a los docentes, han sido combatidas y condenadas al abandono. El magisterio nacional que llegó a ser orgullo y modelo, hoy se debate en eternas luchas sindicales y por ganar, mantener o ampliar espacios de poder. Y sin docentes altamente calificados, comprometidos con los ideales educativos y bien remunerados, no pueden cumplirse los ideales y mandatos del Artículo Tercero.
En este contexto debe ubicarse el decreto por medio del cual, Calderón estableció la deducibilidad de las colegiaturas en la declaración de impuestos. Es evidente que la medida beneficia a un reducido segmento de la población y a los empresarios de la educación, en detrimento de la escuela pública.
Los países serios tienen un régimen progresivo de impuestos, pagan más quienes ganan más. Además, la evasión es un delito grave y se sanciona severamente, penal y socialmente. Por eso tienen una amplia base de contribuyentes. Y un contribuyente cumplido, se convierte en un ciudadano exigente y vigilante. Por ello, la malversación de los recursos públicos se sanciona con mayor severidad aún.
En las repúblicas bananeras todo es al revés. La mayoría no paga impuestos (salvo los asalariados que son cautivos) y los pocos que lo hacen se las arreglan para pagar menos de lo que deberían. Los gobernantes establecen regímenes preferenciales para sus aliados y deducciones y devoluciones para los cuates, a cambio, usan y abusan del erario con la mayor discrecionalidad. El enriquecimiento “inexplicable” de los altos funcionarios es visto como “normal”. En ese mar de la complicidad se bañan las élites del poder.
Desde el 2000 se dejaron de construir escuelas, alegando que ya había suficientes para atender toda la demanda. Eso significa que quienes llevan a sus hijos a escuelas particulares lo hacen por preferencia. Están en su derecho. Pero entonces no hay justificación para que se les subsidien sus gustos. Si se argumenta la superioridad de las escuelas privadas, entonces la responsabilidad del Estado es elevar la calidad de sus servicios educativos, no subrogar sus obligaciones.
Bien lo dijo el rector Narro, los recursos públicos son para los servicios públicos, punto. Por eso las acusaciones de que el decreto tiene un trasfondo electorero tienen sustento. Como tiene sustento la protesta de los maestros oaxaqueños y de otras entidades, en defensa de la educación pública.
México está entrampado en una crisis educativa de escándalo. Aunque el gobierno no acata la recomendación de la ONU de destinar el 8% del PIB a la educación, el 5.7% que aplica no es poco (211 mil 186 millones de pesos) y, sin embargo, los resultados no se corresponden con esa inversión. Otros países gastan menos y están muy por arriba del nuestro. Peor imposible. Pero no se lo crea tanto, en este país todo es posible.
Cheiser: Final feliz. La inteligente, mesurada y hábil negociación, hizo posible el entendimiento entre Carmen Aristegui y MVS. A partir del lunes Carmen estará nuevamente en el aire, con todo su equipo y sus incómodas preguntas. Bienvenida. Otra vez.

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