Viernes, 11 de junio de 2010
La Jornada de Oriente - Puebla - Municipio JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Los regidores de oposición abrirán una investigación en el cabildo en contra del síndico municipal de Puebla, Román Lazcano Fernández, para averiguar si éste incurrió en alguna omisión en la defensa jurídica del ayuntamiento ante la constructora Desarrollo Iberoamericano (Disa).
La regidora del Partido Nueva Alianza (Panal), Beatriz Fuente Velasco, informó que en la sesión de cabildo de la próxima semana presentará un punto de acuerdo para que sea la Contraloría, o la instancia que el cabildo determine, la que investigue al abogado ante el inminente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligará a la Comuna a pagar una cantidad cercana a los 50 millones de pesos por un supuesto adeudo del paso a desnivel Juárez–Serdán, lo que representará un daño al erario.
Criticó que la ciudad de Puebla no merece pagarle a un sujeto que, además de ponerse a dictar lecciones de moral en las sesiones de cabildo, use el tiempo que debería destinar a resolver los problemas legales de la capital en actividades partidistas, como hace unos meses, cuando se ausentó de una sesión por atender un asunto de su partido político.
La regidora agregó que se deben hacer una investigación minuciosa, pues cada vez son mayores la sospechas que recaen en el funcionario sobre la posibilidad de que haya perdido por default; es decir, se debe descartar o confirmar que Román Lazcano recibió un soborno por parte de Disa.
La representante popular pidió a sus pares del PRI que no defiendan al síndico, pues se trata de un asunto que, de ser cierto, resulta indignante, además de oneroso, pues el actual ayuntamiento no tiene recursos para pagar tal cantidad, que “se pudo haber evitado si Román Lazcano se hubiera dedicado a hacer su trabajo, para lo cual se le paga y muy bien, con dinero público”.
Por su parte, el regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jaime Cid Monjaraz opinó que esta administración todavía tiene la posibilidad de agotar los plazos y heredar la deuda a la siguiente administración, como una manera de defenderse. “No es nuestra culpa, también nos la heredaron”.
Subrayó que el gobierno de la ciudad no puede quedarse cruzado de brazos si se comprueba que el actuar del síndico favoreció a Disa; de ser así, el caso debe ser llevado al Congreso del estado pues esta es la única instancia facultada para retirarle el cargo a Lazcano e incluso inhabilitarlo por el daño causado al patrimonio de la ciudad.
Indicó que hubo el tiempo suficiente para apelar la sentencia contra el ayuntamiento ante la Corte y a pesar de que Román Lazcano recibió notificaciones a tiempo, no procedió en consecuencia.
Señaló que desde el inicio del juicio contra Disa surgieron problemas porque en ningún momento se contó con los expedientes que hicieran constar un finiquito, por lo que el cabildo desconoció el pago que exigía en ese entonces la empresa por 26 millones de pesos.
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