10 Junio, 2010...7:09
■Tanto priístas como panistas coinciden en que la decisión de la Corte es lamentable, aunque inapelable
MARIO GONZÁLEZ DÍAZ
Los regidores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvieron que Román Lazcano Fernández, síndico municipal, deberá presentar un informe referente a cómo llevo el caso de la empresa Desarrollo Iberoamericano S.A. (DISA), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el pasado martes se informara que el Ayuntamiento había pedido el litigio que promovió desde 2005 en contra de la empresa, por lo que no descartaron que si no justifica sus acciones, estarán presentando su destitución ante el Congreso del Estado.
El regidor y comisionado de los Derechos Humanos de la fracción priista, Enrique Chávez Estudillo, señaló: “Sinceramente ante una omisión de tal tamaño, no nos quedaremos callados. Si definitivamente él tiene una culpa en este actuar, tendríamos que notificar al Congreso para que ellos determinan, en su momento, la situación del síndico municipal”.
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Pablo Montiel Solana, argumentó que: “lo que la Corte dictamine tendrá que pagar la Comuna, ya que si no lo hace, esto sería un desacato y crearía un problema mayor”; por lo que señalo que estas acciones se habría evitado si el Ayuntamiento hubiera hecho un convenio con la empresa: “pero ahí vemos su ineficiencia del síndico municipal”, señaló.
Jaime Cid Monjaraz, regidor de la fracción perredista, no descartó que pedirán a Lazcano una explicación: “que nos aclare cuál ha sido su papel y hasta dónde llegó su intervención en el caso”.
Por lo que los regidores lamentaron que la administración de Blanca Alcalá Ruiz afecte los programas y proyectos que se tenían previstos hacer.
Asimismo, Enrique Chávez aseveró que “con toda sinceridad, la Comuna tiene un presupuesto bastante ajustado para las necesidades de la ciudadanía. No sé cómo le va hacer para pagar”; al respecto, Montiel Solana descartó que la Comuna pueda pagar tal cantidad.
Chávez Escudillo asevero que esto es un problema que el ex edil, Enrique Doger Guerrero, dejó en su administración, por lo que consideró que la demanda perdida deberá asumirse por el síndico: “oficialmente no se ha dado a conocer al Ayuntamiento el fallo, pero esto es extraoficial y la responsabilidad de pagar los 40 millones de pesos es de Lazcano Fernández”.
Cid Monjaraz comentó que esperarán el procedimiento jurídico, por lo que no desestimó que el pago “va a ser una deuda que tendrá que cubrir la próxima administración”; sin embargo, tanto Montiel Solana como Chávez Estudillo descartaron que la deuda se pase al siguiente gobierno.
Finalmente, los regidores ratificaron que pedirán una respuesta de Román Lazcano Fernández en cuanto tengan la resolución de la Corte, indicando que tomarán “cartas en el asunto” cuando cuenten con la versión oficial. Asimismo, el regidor Enrique Chávez, dijo: “cuando tengamos el conocimiento oficial tomaremos las medidas pertinentes y necesarias para aclarecer si fue una omisión provocada a propósito por parte del síndico”.
Ayuntamiento acatará el fallo de la SCJN
■ Lamenta “los errores de administraciones pasadas”, que impactarán en las finanzas municipales
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera en contra del Ayuntamiento de Puebla, obligándolo a pagar más de 40 millones de pesos a la empresa Desarrollo Iberoamericano S.A. (DISA), la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz, informó que su actual administración acepta el fallo con total respeto.
Mediante comunicado informo que “dará continuidad al procedimiento hasta llegar a las instancias que legalmente se consideren procedentes, por lo que resulta indispensable tener pleno acceso a los fundamentos rectores, así como a los alcances del propio resolutivo”.
Recordó que el juicio tiene como origen una obra realizada en el gobierno de Luis Paredes Moctezuma, por lo que se comprometió a arreglar el problema heredado de las finanzas municipales.
Cabe señalar que el adeudo tiene origen en la construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán, el cual dejó una erogación de 26 millones de pesos para la siguiente administración, la del ex munícipe, Enrique Doger Guerrero, quien declaró que la obra estaba pagada al cien por ciento.
Por su parte, el Ayuntamiento informó que los motivos de inconformidad se sustentan “en la ausencia de la comprobación específica del gasto supuestamente ejercido, así como de las supuestas violaciones a la regulación en materia de obras públicas y ejercicio del presupuesto”.
Bajo esta postura, la munícipe se declaró consciente de las decisiones resolutivas, por lo que el Ayuntamiento se comprometió a “asumir una actitud responsable y de respeto al ejercicio de las acciones legales que inicien los particulares y que consideren justas las autoridades, preservando con ello la intervención de los tribunales instituidos, a fin de dirimir conflictos entre autoridades y particulares”.
Indicó que no emitirá algún comentario institucional sobre el tema, hasta que cuente “con los fundamentos rectores y los alcances del propio resolutivo de la Suprema Corte, lo que ocurrirá en siguientes días”.
Finalmente, “lamentó los errores cometidos por las administraciones pasadas, ya que espera que no afecten el desarrollo de obras, programas y acciones en beneficio de la Capital, al resaltar que el fallo impactará en las finanzas del municipio, por lo que informo que el municipio se reservará llevar a cabo acciones que pudieran provocar controversia”.
■Tanto priístas como panistas coinciden en que la decisión de la Corte es lamentable, aunque inapelable
MARIO GONZÁLEZ DÍAZ
Los regidores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvieron que Román Lazcano Fernández, síndico municipal, deberá presentar un informe referente a cómo llevo el caso de la empresa Desarrollo Iberoamericano S.A. (DISA), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el pasado martes se informara que el Ayuntamiento había pedido el litigio que promovió desde 2005 en contra de la empresa, por lo que no descartaron que si no justifica sus acciones, estarán presentando su destitución ante el Congreso del Estado.
El regidor y comisionado de los Derechos Humanos de la fracción priista, Enrique Chávez Estudillo, señaló: “Sinceramente ante una omisión de tal tamaño, no nos quedaremos callados. Si definitivamente él tiene una culpa en este actuar, tendríamos que notificar al Congreso para que ellos determinan, en su momento, la situación del síndico municipal”.
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Pablo Montiel Solana, argumentó que: “lo que la Corte dictamine tendrá que pagar la Comuna, ya que si no lo hace, esto sería un desacato y crearía un problema mayor”; por lo que señalo que estas acciones se habría evitado si el Ayuntamiento hubiera hecho un convenio con la empresa: “pero ahí vemos su ineficiencia del síndico municipal”, señaló.
Jaime Cid Monjaraz, regidor de la fracción perredista, no descartó que pedirán a Lazcano una explicación: “que nos aclare cuál ha sido su papel y hasta dónde llegó su intervención en el caso”.
Por lo que los regidores lamentaron que la administración de Blanca Alcalá Ruiz afecte los programas y proyectos que se tenían previstos hacer.
Asimismo, Enrique Chávez aseveró que “con toda sinceridad, la Comuna tiene un presupuesto bastante ajustado para las necesidades de la ciudadanía. No sé cómo le va hacer para pagar”; al respecto, Montiel Solana descartó que la Comuna pueda pagar tal cantidad.
Chávez Escudillo asevero que esto es un problema que el ex edil, Enrique Doger Guerrero, dejó en su administración, por lo que consideró que la demanda perdida deberá asumirse por el síndico: “oficialmente no se ha dado a conocer al Ayuntamiento el fallo, pero esto es extraoficial y la responsabilidad de pagar los 40 millones de pesos es de Lazcano Fernández”.
Cid Monjaraz comentó que esperarán el procedimiento jurídico, por lo que no desestimó que el pago “va a ser una deuda que tendrá que cubrir la próxima administración”; sin embargo, tanto Montiel Solana como Chávez Estudillo descartaron que la deuda se pase al siguiente gobierno.
Finalmente, los regidores ratificaron que pedirán una respuesta de Román Lazcano Fernández en cuanto tengan la resolución de la Corte, indicando que tomarán “cartas en el asunto” cuando cuenten con la versión oficial. Asimismo, el regidor Enrique Chávez, dijo: “cuando tengamos el conocimiento oficial tomaremos las medidas pertinentes y necesarias para aclarecer si fue una omisión provocada a propósito por parte del síndico”.
Ayuntamiento acatará el fallo de la SCJN
■ Lamenta “los errores de administraciones pasadas”, que impactarán en las finanzas municipales
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera en contra del Ayuntamiento de Puebla, obligándolo a pagar más de 40 millones de pesos a la empresa Desarrollo Iberoamericano S.A. (DISA), la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz, informó que su actual administración acepta el fallo con total respeto.
Mediante comunicado informo que “dará continuidad al procedimiento hasta llegar a las instancias que legalmente se consideren procedentes, por lo que resulta indispensable tener pleno acceso a los fundamentos rectores, así como a los alcances del propio resolutivo”.
Recordó que el juicio tiene como origen una obra realizada en el gobierno de Luis Paredes Moctezuma, por lo que se comprometió a arreglar el problema heredado de las finanzas municipales.
Cabe señalar que el adeudo tiene origen en la construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán, el cual dejó una erogación de 26 millones de pesos para la siguiente administración, la del ex munícipe, Enrique Doger Guerrero, quien declaró que la obra estaba pagada al cien por ciento.
Por su parte, el Ayuntamiento informó que los motivos de inconformidad se sustentan “en la ausencia de la comprobación específica del gasto supuestamente ejercido, así como de las supuestas violaciones a la regulación en materia de obras públicas y ejercicio del presupuesto”.
Bajo esta postura, la munícipe se declaró consciente de las decisiones resolutivas, por lo que el Ayuntamiento se comprometió a “asumir una actitud responsable y de respeto al ejercicio de las acciones legales que inicien los particulares y que consideren justas las autoridades, preservando con ello la intervención de los tribunales instituidos, a fin de dirimir conflictos entre autoridades y particulares”.
Indicó que no emitirá algún comentario institucional sobre el tema, hasta que cuente “con los fundamentos rectores y los alcances del propio resolutivo de la Suprema Corte, lo que ocurrirá en siguientes días”.
Finalmente, “lamentó los errores cometidos por las administraciones pasadas, ya que espera que no afecten el desarrollo de obras, programas y acciones en beneficio de la Capital, al resaltar que el fallo impactará en las finanzas del municipio, por lo que informo que el municipio se reservará llevar a cabo acciones que pudieran provocar controversia”.
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