La Jornada de Oriente
ARTURO ALFARO GALÁN
La Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) ordenó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) elaborar un informe público sobre la averiguación previa sobre el homicidio de Joel Arriaga Navarro, uno de los líderes del Movimiento de Reforma Universitaria que en 1972 fue abatido a tiros por un comando armado.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien presentó el caso, criticó la cerrazón de la dependencia estatal para negar la información sobre averiguaciones previas, pues se podrán difundir “siempre y cuando se garantice la protección de datos personales” de las personas implicadas.
De acuerdo con el expediente 37/PGJ–03/2009, la PGJ determinó no proporcionar la información existente sobre las investigaciones ministeriales, clasificando la solicitud como “información reservada” por contener datos personales de agentes de la Policía Judicial y otros particulares.
No obstante luego del análisis, explicó Lilia Ibarra, la CAIP revocó parcialmente la respuesta ordenada por la dependencia y estableció un plazo de 15 días hábiles para que la PGJ entregue a César Miguel de la Cruz Hernández “una versión pública” de la averiguación previa en la que se dan detalles sobre el homicidio de Joel Arriaga Navarro.
Lilia Ibarra abundó que después de que el Ministerio Público determinó –el 8 de abril de 2002– que el delito contra Arriaga Navarro había prescripto y que no tenía mayores posibilidades para la persecución del crimen y entablar la acción penal, “la ponencia decidió abrir el expediente y entregarse al solicitante, testando los datos personales para proteger a los familiares del deudo, y también proteger las fotografías, cuidando el honor y la imagen del finado”.
El líder del Movimiento de Reforma Universitaria, Joel Arriaga Navarro, quien también fungió como director de la escuela preparatoria nocturna “Benito Juárez” de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), fue asesinado la noche del 20 de julio de 1972, cuando a bordo de su vehículo recibió una ráfaga de 11 disparos provenientes de un automóvil contiguo. El homicidio nunca fue aclarado a los familiares, quienes en reiteradas ocasiones solicitaron la intervención de las autoridades.
De acuerdo con versiones periodísticas, el comando armado que asesinó al líder universitario está relacionado con presuntos sicarios del entonces gobernador de Puebla, Gonzalo Bautista O’Farrill, quien además ordenó al titular de la PGR, Raymundo Zamudio Muñoz, aprehender al rector de la UAP, Sergio Flores Suárez; al director de la Escuela de Física, Luis Rivera Terrazas; al director de la preparatoria popular, Alfonso Vélez Pliego; al académico Jaime Ornelas y a otros dirigentes universitarios.
En otro tema, el pleno de la CAIP aprobó el acuerdo para presentar la propuesta de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla ante el Congreso local.
Entre los puntos que solicita reformar la CAIP destacan la apertura en la ley poblana a las figuras de acceso a la información de Afirmativa Ficta y la autonomía del organismo. “Hay algunos aspectos susceptibles de mejora, tenemos que ser también sensibles a la opinión pública; además, que al momento de aplicar la ley deberíamos seguir privilegiando el principio de máxima publicidad”, reiteró.
ARTURO ALFARO GALÁN
La Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) ordenó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) elaborar un informe público sobre la averiguación previa sobre el homicidio de Joel Arriaga Navarro, uno de los líderes del Movimiento de Reforma Universitaria que en 1972 fue abatido a tiros por un comando armado.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien presentó el caso, criticó la cerrazón de la dependencia estatal para negar la información sobre averiguaciones previas, pues se podrán difundir “siempre y cuando se garantice la protección de datos personales” de las personas implicadas.
De acuerdo con el expediente 37/PGJ–03/2009, la PGJ determinó no proporcionar la información existente sobre las investigaciones ministeriales, clasificando la solicitud como “información reservada” por contener datos personales de agentes de la Policía Judicial y otros particulares.
No obstante luego del análisis, explicó Lilia Ibarra, la CAIP revocó parcialmente la respuesta ordenada por la dependencia y estableció un plazo de 15 días hábiles para que la PGJ entregue a César Miguel de la Cruz Hernández “una versión pública” de la averiguación previa en la que se dan detalles sobre el homicidio de Joel Arriaga Navarro.
Lilia Ibarra abundó que después de que el Ministerio Público determinó –el 8 de abril de 2002– que el delito contra Arriaga Navarro había prescripto y que no tenía mayores posibilidades para la persecución del crimen y entablar la acción penal, “la ponencia decidió abrir el expediente y entregarse al solicitante, testando los datos personales para proteger a los familiares del deudo, y también proteger las fotografías, cuidando el honor y la imagen del finado”.
El líder del Movimiento de Reforma Universitaria, Joel Arriaga Navarro, quien también fungió como director de la escuela preparatoria nocturna “Benito Juárez” de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), fue asesinado la noche del 20 de julio de 1972, cuando a bordo de su vehículo recibió una ráfaga de 11 disparos provenientes de un automóvil contiguo. El homicidio nunca fue aclarado a los familiares, quienes en reiteradas ocasiones solicitaron la intervención de las autoridades.
De acuerdo con versiones periodísticas, el comando armado que asesinó al líder universitario está relacionado con presuntos sicarios del entonces gobernador de Puebla, Gonzalo Bautista O’Farrill, quien además ordenó al titular de la PGR, Raymundo Zamudio Muñoz, aprehender al rector de la UAP, Sergio Flores Suárez; al director de la Escuela de Física, Luis Rivera Terrazas; al director de la preparatoria popular, Alfonso Vélez Pliego; al académico Jaime Ornelas y a otros dirigentes universitarios.
En otro tema, el pleno de la CAIP aprobó el acuerdo para presentar la propuesta de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla ante el Congreso local.
Entre los puntos que solicita reformar la CAIP destacan la apertura en la ley poblana a las figuras de acceso a la información de Afirmativa Ficta y la autonomía del organismo. “Hay algunos aspectos susceptibles de mejora, tenemos que ser también sensibles a la opinión pública; además, que al momento de aplicar la ley deberíamos seguir privilegiando el principio de máxima publicidad”, reiteró.
No hay comentarios:
Publicar un comentario