La Jornada de Oriente - Puebla -
EDITORIAL
La zona de La Calera hace tres años tenía una extensión de más de 3 mil hectáreas de encinos blancos que podía ser resguardada. Sin embargo, hace unas semanas se declaró el área como “Zona de Preservación Ecológica de los Centros de Población”, en la que únicamente quedan protegidas unas 138 hectáreas de ese bosque.
Esa omisión encuentra una explicación convincente en la denuncia que ha hecho el regidor Jaime Cid Monjaraz en el sentido de que la regidora de Ecología, Isabel Ortiz Mantilla, tardó dos años en emitir el dictamen de protección de la zona como una manera de no dañar los intereses de constructores que han depredado La Calera con desarrollos inmobiliarios.
Tanto gobiernos del PRI como del PAN en los últimos años se han visto frenados en la protección del medio ambiente por la complicidad que han tejido con inversionistas que han destruido áreas verdes de la capital para construir fraccionamientos de todo tipo, vialidades y plazas comerciales. Dicho de otra manera, la corrupción que ha privado ha llevado a los servidores públicos a actuar en contra de los recursos naturales del municipio de Puebla.
Pese a todas las justificaciones que se puedan argumentar, como las que seguramente ha de esgrimir la regidora de Ecología, Isabel Ortiz Mantilla, queda claro que ninguna autoridad está haciendo algo trascendente contra la depredación de los recursos naturales, que no hay voluntad de actuar contra los intereses económicos de constructores y que la clase política no tiene conciencia de su grave contribución en la pérdida de bienestar del grueso de la población que vive en la capital y los municipios vecinos.
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